El salario mínimo general en México pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, un alza acumulada de más de 200% impulsada por incrementos anuales de doble dígito.1 Mientras el gobierno federal presenta esta política como un acierto de recuperación del poder adquisitivo, organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han señalado que estos aumentos no siempre vienen acompañados del crecimiento económico que los sostenga a largo plazo, y persisten preguntas sobre cuántos trabajadores realmente los reciben.
De 88 a 315 pesos en siete años
El salario mínimo mexicano ha tenido la trayectoria de incrementos más agresiva en años recientes: en 2026 subió 13% para quedar en 315.04 pesos diarios, luego de haber partido de 88.36 pesos en 2018, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).1
Para algunos analistas y cámaras empresariales, esta política representa una recuperación histórica del poder adquisitivo tras décadas de salarios estancados; para otros, el ritmo de los aumentos —todos de doble dígito desde 2019— plantea dudas sobre su sostenibilidad si no va de la mano de mayor productividad e inversión.1
La serie de aumentos
- 2018
El salario mínimo general era de 88.36 pesos diarios.
- 2025
El salario mínimo llegó a 278.80 pesos diarios.
- 2026
Con un aumento de 13%, el salario mínimo general quedó en 315.04 pesos diarios.
La advertencia de la OIT
El cuestionamiento central no es si el salario mínimo ha subido —los números lo confirman—, sino si ese ritmo de incremento está respaldado por una economía que crece lo suficiente para absorberlo sin generar distorsiones. La Organización Internacional del Trabajo ha manifestado que los aumentos del salario mínimo en México no siempre vienen acompañados de crecimiento y dinamismo económico que los sustente, una observación que contrasta con el discurso oficial de que la medida solo trae beneficios sin costos.1
Es la doble cuenta de la política: un incremento nominal que mejora el ingreso declarado de millones de trabajadores formales, frente a la pregunta de si la economía mexicana genera suficiente valor agregado y empleo formal para que ese aumento no termine presionando precios, reduciendo contrataciones o quedando fuera del alcance de la informalidad.
La mira puesta en 2027
La discusión no es solo retrospectiva. La Conasami definirá antes de que termine 2026 el nuevo salario mínimo para 2027, y las proyecciones apuntan a un incremento que podría oscilar entre 10% y 13%, lo que modificaría las remuneraciones diarias, quincenales y mensuales de millones de trabajadores.2
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) presentó ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) una propuesta inicial de aumento de entre 5% y 10% para 2027, cifra que es apenas el punto de partida de la negociación tripartita entre trabajadores, empleadores y gobierno dentro de la Conasami.3 Con un ajuste de 10%, el salario mínimo general pasaría de 315.04 a 346.54 pesos diarios, equivalentes a cerca de 10,541 pesos al mes; con 12%, llegaría a 352.84 pesos diarios, o 10,732 pesos mensuales.4
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha señalado que mantendrá los incrementos por encima de la inflación para fortalecer el poder adquisitivo, aunque hasta ahora no existe una cifra oficial y los porcentajes en circulación son solo estimaciones, no decisiones de las autoridades.5
Aunque todavía no se ha definido el porcentaje del próximo ajuste, la política salarial de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla mantener los incrementos por encima de la inflación para fortalecer el poder adquisitivo.
Vanguardia, sobre la política salarial del gobierno federal
Quién gana y qué queda pendiente
El aumento, cuando se concreta, beneficia de forma directa a los trabajadores que perciben el salario mínimo y están dados de alta de manera formal ante el IMSS o el ISSSTE, pues solo a ellos se les puede aplicar legalmente el nuevo monto. La población en condición de informalidad —una proporción considerable de la fuerza laboral mexicana, según cifras históricas del Inegi— no está protegida automáticamente por estos ajustes, ya que el Estado no tiene mecanismos directos para obligar a empleadores informales a replicar el incremento.
Por el lado de las empresas, el costo del ajuste recae principalmente en quienes tienen nómina formal y, en particular, en pequeños negocios con menor margen para absorber incrementos en costos laborales sin trasladarlos a precios o sin reducir contrataciones. Ahí está la segunda cuenta que pocas veces se menciona junto al anuncio: quién paga el aumento cuando se traduce en mayor costo operativo para la PyME formal.
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